El año 2025 se presenta como un punto de inflexión para el sistema jubilatorio argentino. El gobierno de Javier Milei, en medio de un escenario económico complejo, ha delineado una serie de medidas que buscan, según sus propias palabras, mejorar las jubilaciones pero que, al mismo tiempo, generan incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios. La promesa de mejoras choca con la realidad del congelamiento del bono mínimo, la no renovación de la moratoria previsional y un debate aún pendiente sobre la reforma integral del sistema. A continuación, analizaremos las claves del plan de Milei para las jubilaciones en 2025.
Congelamiento del bono: ¿ajuste o necesidad?
Una de las medidas más controvertidas es el congelamiento del bono de $70.000 que complementa el haber mínimo jubilatorio. El Gobierno argumenta que esta decisión se debe a la falta de espacio fiscal, pero desde la oposición y diversos sectores sociales se critica que implica un recorte en el poder adquisitivo de los jubilados más vulnerables, especialmente en un contexto de inflación persistente. Si bien el Gobierno asegura que los haberes jubilatorios, sin contar el bono, le han ganado a la inflación, el deterioro real de los $70.000 ha erosionado considerablemente la capacidad de compra de los jubilados que perciben el haber mínimo.
Según Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), “el ingreso real de los jubilados con la mínima y bono tuvo su pico en junio de 2024 y desde entonces viene cayendo debido al bono fijo”. Para octubre de 2024, se estimaba que el ingreso real sería un 3,4% inferior al de noviembre de 2023, lo que demuestra el impacto negativo del congelamiento en el poder adquisitivo de este sector.
El fin de la moratoria previsional: ¿inclusión o exclusión?
Otra decisión que impacta directamente en el sistema previsional es la no renovación de la moratoria previsional, que vence en marzo de 2025. Esta medida, que permitía a personas sin los aportes suficientes acceder a una jubilación, no será extendida, según confirmó el director de la Anses, Mariano de los Heros. El Gobierno planea reemplazarla con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pero esta prestación no alcanza el valor de una jubilación mínima, lo que dejaría a miles de personas sin la posibilidad de acceder a un ingreso digno en su vejez.
La decisión de no renovar la moratoria ha generado un fuerte debate. Para el Gobierno, se trata de una medida necesaria para sanear las cuentas públicas y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, desde la oposición se argumenta que la moratoria era una herramienta fundamental para la inclusión social y que su eliminación profundizará la desigualdad y la pobreza entre los adultos mayores.
Juicios jubilatorios: ¿solución a la vista?
En cuanto al pago de juicios jubilatorios, el Gobierno ha priorizado el reajuste de haberes por sobre el pago de retroactivos. De los Heros anunció que para agosto o septiembre de 2025 se habrán pagado los reajustes de 92.000 juicios, pero la deuda por retroactivos, que asciende a 36.000 casos, seguirá pendiente. Esta estrategia busca descomprimir la presión sobre las arcas públicas, pero deja sin resolver la situación de miles de jubilados que esperan el pago completo de lo que les corresponde por sentencia judicial.
La problemática de los juicios jubilatorios es un reflejo de las distorsiones históricas del sistema previsional argentino y de la falta de actualización de los haberes en línea con la inflación. La decisión del Gobierno de priorizar los reajustes puede interpretarse como un intento de contener el gasto público, pero también como una señal de que el pago total de la deuda previsional no es una prioridad en el corto plazo.
¿Hacia una reforma integral del sistema?
Más allá de las medidas puntuales, el Gobierno ha planteado la necesidad de una reforma integral del sistema jubilatorio para hacerlo sustentable en el largo plazo. Sin embargo, el debate sobre la reforma aún no ha comenzado y se prevé que será un tema central en la agenda política de 2025. La experiencia reciente del debate sobre la fórmula de actualización de haberes, que fue vetada por el Ejecutivo tras su aprobación en el Congreso, muestra la complejidad de alcanzar consensos en esta materia.
Diversos especialistas, como Rafael Rofman del Cippec, advierten sobre la necesidad de una reforma integral que no se limite a medidas aisladas. El Cippec propone reducir los regímenes especiales de jubilación, que representan cerca del 40% de los beneficios previsionales y generan inequidad en el sistema. También se plantea la necesidad de asegurar mecanismos de financiamiento transparentes y sostenibles.
El debate sobre la reforma previsional promete ser uno de los más complejos y trascendentales del año 2025. La capacidad del Gobierno para construir consensos con la oposición y los diferentes actores sociales será clave para lograr una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema y la equidad en las prestaciones jubilatorias.
En resumen, el plan de Milei para las jubilaciones en 2025 se caracteriza por una combinación de promesas de mejoras a largo plazo con medidas de ajuste en el corto plazo. El congelamiento del bono, la eliminación de la moratoria y la priorización del pago de reajustes en los juicios jubilatorios generan incertidumbre sobre el futuro del sistema y la capacidad del Gobierno para garantizar un ingreso digno a los jubilados. El debate sobre la reforma integral del sistema será crucial para definir el rumbo de la política previsional en los próximos años.
