Tras la segunda prórroga del blanqueo de capitales, varias provincias argentinas anunciaron la implementación de impuestos adicionales para quienes se adhirieron al Régimen de Regularización de Activos (RIGI). Esta medida generó polémica y críticas por la supuesta desigualdad en la aplicación de la ley, mostrando la disparidad entre jurisdicciones.
Neuquén: Impuesto progresivo según el monto
Neuquén, bajo el mando de Rolando Figueroa, fue pionera en establecer un impuesto sobre los activos blanqueados a nivel provincial, a través de la ley 3450 (Régimen Provincial de Regulación de Activos), aprobada a inicios de agosto. La alícuota es progresiva y aplica sólo para quienes ingresaron más de u$s100.000. Aquellos que se adhieran hasta el 30 de noviembre pagarán un 0,75% sobre el excedente. Esta tasa aumenta a 1% hasta el 31 de enero y a 1,25% hasta el 30 de abril.
Esta medida generó discusiones sobre la equidad del sistema. Si bien se busca regularizar la situación fiscal provincial, la progresividad del impuesto podría desincentivar la adhesión completa del Régimen, especialmente en los montos más altos.
Salta: Un impuesto especial del 10%
En Salta, la ley 8.461 establece un “Impuesto Especial de Regularización” equivalente al 10% del impuesto nacional a abonar según la Ley Nacional 27.743. Se excluye el pago en casos previstos en el Capítulo V del Título I de la ley nacional. Si bien genera una carga fiscal mayor que Neuquén, la proporción respecto al impuesto nacional podría generar predictibilidad.
La ley salteña establece una condición para acceder a beneficios: el pago obligatorio del impuesto. El incumplimiento en el pago nacional o provincial implica la pérdida de todos los beneficios estipulados en la ley local. Esto agrega presión sobre los contribuyentes.
Santa Fe: Un proyecto de ley en debate
Santa Fe anunció un proyecto de ley tributaria para 2025 que incluye la adhesión al RIGI, pero también la creación de un “Régimen de Regulación de Activos”, un impuesto especial sobre quienes se adhirieron al blanqueo. Se propone una alícuota del 2% sobre los activos regulados. Los fondos se destinarían a incentivar a los contribuyentes cumplidores, generando un contrapunto en su propuesta.
Desde la gobernación, se justificó la medida argumentando la necesidad de equilibrar la situación fiscal, estableciendo como principios la subordinación a la seguridad jurídica, el costo del incumplimiento, el cumplimiento de deberes adicionales y la equidad con quienes no blanquearon. Sin embargo, el proyecto aún se debate en la legislatura.
Otras provincias y la controversia
Otras provincias como Córdoba, Chaco, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chubut y CABA se adhirieron al RIGI, sin imponer alícuotas adicionales. Sin embargo, algunas jurisdicciones retuvieron Ingresos Brutos sobre lo declarado, generando controversias. La Comisión Plenaria aclaró que las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) no pueden ser afectadas por el SIRCREB si se informan sus operaciones periódicamente.
Esta disparidad en las medidas refleja la autonomía fiscal de cada provincia, pero también genera desigualdad entre contribuyentes de diferentes jurisdicciones. Aquellos que blanquearon en provincias con impuestos adicionales pagan más que en las jurisdicciones con una legislación más favorable.
Desigualdad y desafíos
La implementación de impuestos provinciales adicionales tras el blanqueo revela una compleja interacción entre la legislación nacional y la potestad tributaria provincial. Si bien algunos justifican estos gravámenes por razones de equidad o para generar incentivos, la disparidad entre jurisdicciones genera desigualdad, lo cual ha provocado una situación cuestionada por su falta de uniformidad.
Queda aún la pregunta de cómo equilibrar las necesidades fiscales provinciales con la búsqueda de la equidad y la promoción de la adhesión al sistema de blanqueo de capitales en todo el país. Es un desafío que debe ser abordado en profundidad, generando un marco normativo más claro y equitativo para todos los contribuyentes.
