La oposición argentina sufrió un revés en su intento por anular el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, que permite al gobierno reestructurar la deuda pública sin la aprobación del Congreso. Tras el fracaso en la sesión especial solicitada, los gobernadores provinciales están ejerciendo presión para que se priorice la discusión del Presupuesto 2025.
El fracaso de la sesión y la estrategia del oficialismo
El oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, logró evitar la votación sobre la modificación de la ley de DNU y el rechazo del DNU 846. Esto se debió a que la oposición no logró reunir los votos necesarios para su aprobación, con varios legisladores que inicialmente habían expresado su apoyo cambiando de opinión a último momento. Esta situación refleja la volatilidad y la negociación constante que caracteriza al escenario político argentino.
Si bien el oficialismo no obtuvo una victoria decisiva, la maniobra le permitió ganar tiempo para negociar con los gobernadores y asegurar su apoyo para futuras votaciones. Algunos analistas señalan que Milei jugó hábilmente la carta de los gobernadores, utilizando la preocupación por la asignación de fondos del presupuesto como palanca de presión.
La presión de los gobernadores y el Presupuesto 2025
Otra interpretación de los acontecimientos sugiere que los gobernadores aprovecharon la situación para presionar al gobierno nacional para que se acelere la aprobación del Presupuesto 2025. La prórroga otorgada para discutir el DNU 846 se convierte, así, en una herramienta para exigir el avance en la discusión presupuestaria. El Presupuesto 2025, según informaciones extraoficiales, incluiría un plan de obras públicas en las provincias, generando un incentivo para los gobernadores a negociar en favor del gobierno nacional.
Tras la postergación de la sesión en el Congreso, se convocó a una reunión de la Comisión de Presupuesto para debatir los fondos del año próximo. El objetivo es alcanzar un dictamen para agilizar la aprobación del presupuesto, que según los plazos legales, deberá ser aprobado antes del 30 de noviembre. En este contexto, el tira y afloja entre el gobierno nacional y los legisladores continúa hasta esa fecha límite.
El DNU 846 y la reestructuración de la deuda
El DNU 846/2024, también conocido como “el DNU de Caputto”, permite al gobierno reestructurar la deuda pública sin la intervención del Congreso, modificando la Ley de Administración Financiera. Este decreto ha generado controversia, con la oposición acusando al gobierno de Milei de usar el temor a la reducción de fondos para las provincias si el DNU fuera rechazado como estrategia para asegurar el apoyo legislativo.
Los diputados opositores que impulsaron el proyecto para anular el DNU aseguran que el gobierno ejerció presión mediante el lobby con los gobernadores, argumentando que la aprobación del DNU era fundamental para reestructurar la deuda y asegurar el flujo de fondos para las provincias. Las declaraciones de los legisladores de la oposición se mantienen firmes y acusatorias, aunque carecen, hasta el momento, de evidencia contundente.
Las divisiones internas en la oposición y las distintas lecturas
La situación política se ve agravada por las divisiones internas en la oposición. Dentro del bloque de Miguel Pichetto, las negociaciones previas a la sesión revelaron la fragilidad de las alianzas, con sectores inicialmente comprometidos con la votación cambiándose de postura antes del comienzo de la sesión. Este es particularmente visible en el caso de los diputados de Córdoba, donde la diputada Natalia de la Sota mantuvo su posición original, mientras otros legisladores de su propio espacio cambiaron su postura, afectando el quórum necesario para el tratamiento del proyecto.
Las discrepancias se extienden incluso a los diputados alineados con el gobernador Gerardo Zamora, con algunos optando por no apoyar la iniciativa opositora y otros buscando la ausencia para evitar dar quórum. Esta situación demuestra la fragmentación de la oposición y su falta de unidad en este crucial momento de negociación política.
El futuro del DNU y la discusión presupuestaria
Con la prórroga hasta el 21 de noviembre, la pelota queda en la cancha de los gobernadores y del gobierno nacional. La presión por la aprobación del Presupuesto 2025, con su promesa de obras públicas para las provincias, se convierte en el factor clave para el desarrollo del escenario político. La incógnita es si el oficialismo utilizará la prórroga solo para consolidar su posición política o si se abrirá a nuevas negociaciones con la oposición.
La situación se complica por la cercana fecha límite del 30 de noviembre. De no haber una resolución satisfactoria para todas las partes, podría producirse un bloqueo aún mayor y un empeoramiento de la tensión política, en una nación donde el proceso de toma de decisiones se ha vuelto tremendamente volátil.
Las próximas semanas serán cruciales para ver cómo se resuelve esta disputa, y cómo los diferentes actores políticos manejan la presión y las negociaciones para llegar a un acuerdo. El futuro del DNU 846 y el Presupuesto 2025 está en juego, y su resolución tendrá un impacto profundo en el panorama político de Argentina.
