El gobierno de Javier Milei ha emprendido un desmantelamiento sistemático de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, un proceso que ha generado alarma entre los organismos de derechos humanos y la sociedad civil. A través de despidos masivos, recortes presupuestarios y el nombramiento de funcionarios con posturas negacionistas, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) se encuentra en un estado de virtual parálisis, poniendo en riesgo la búsqueda de desaparecidos, la preservación de archivos históricos y el funcionamiento de los sitios de memoria.
Vaciamiento Institucional y Despidos Masivos
Desde la llegada de Alberto Baños a la SDH, la institución ha sufrido una profunda crisis de gestión, marcada por la incapacidad para completar su organigrama y una constante rotación de subsecretarios. La falta de liderazgo y la inestabilidad institucional han creado un clima de incertidumbre y desconfianza, que se ha agravado con la decisión de despedir a más de 250 trabajadores, muchos de ellos con amplia experiencia en áreas clave como el Archivo Nacional de la Memoria y los sitios de memoria. Estos despidos, justificados por el gobierno como una medida de ajuste administrativo, han sido denunciados por los gremios como una forma de silenciar las voces críticas y desmantelar las políticas de derechos humanos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado que el 20% del presupuesto asignado a la SDH fue ejecutado el año pasado, lo que evidencia la falta de compromiso del gobierno con las políticas de memoria. Además, los despidos masivos han afectado gravemente áreas cruciales como el Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria y diversos sitios de memoria en todo el país. La falta de personal ha provocado el cierre de espacios, la suspensión de actividades y la reducción de servicios esenciales, como la atención al público y la respuesta a oficios judiciales.
El Ataque a los Sitios de Memoria y el Negacionismo Histórico
Los sitios de memoria, lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, son espacios fundamentales para la construcción de la memoria colectiva y la transmisión de la historia a las nuevas generaciones. El cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y la reducción del personal en otros sitios como el ex Olimpo, el ex Atlético y El Faro de Mar del Plata representan un ataque directo a la memoria histórica y un intento por borrar las huellas del terrorismo de Estado. La falta de personal impide el desarrollo de actividades educativas, culturales e investigativas, limitando el acceso de la sociedad a la verdad sobre el pasado.
Además de los recortes presupuestarios y los despidos, el gobierno ha promovido un discurso negacionista que busca relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar la legitimidad de los organismos de derechos humanos. La defensa de la “memoria completa”, un eufemismo utilizado por sectores que buscan equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con sus victimarios, representa una amenaza para la construcción de una sociedad basada en la verdad, la justicia y la reparación. Este discurso, que encuentra eco en figuras como Victoria Villarruel y Cecilia Pando, busca deslegitimar la lucha de los organismos de derechos humanos y minimizar la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
La legisladora porteña Victoria Montenegro ha denunciado a Baños y al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido al estado de abandono en que se encuentran los sitios de memoria. La respuesta del ministro, a través de redes sociales, acusando a Montenegro de “sinvergüenza” y justificando los recortes como necesarios para reducir gastos “superfluos”, evidencia el desprecio del gobierno por las políticas de memoria y la falta de respeto por las víctimas del terrorismo de Estado.
Consecuencias para la Búsqueda de Desaparecidos y el Derecho a la Identidad
El desmantelamiento del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y la reducción del personal en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) representan un duro golpe para la búsqueda de desaparecidos y la restitución de la identidad de los bebés robados durante la dictadura. La coordinadora del RUVTE, Silvia San Martín, quien fue despedida mientras se encuentra en tratamiento por cáncer, ha denunciado que esta situación representa el mayor golpe a la investigación sobre el destino de los desaparecidos desde la Conadep.
La reducción del personal en Conadi, que quedaría con poco más del 30% de su capacidad operativa, dificulta la tarea de búsqueda y restitución de identidad de los nietos apropiados durante la dictadura. Estas medidas no solo afectan a las víctimas y sus familiares, sino que también atentan contra el derecho a la verdad y la justicia de toda la sociedad. El desmantelamiento de estas áreas cruciales implica un retroceso en el proceso de justicia transicional y una amenaza para la consolidación de la democracia en Argentina.
Organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital y la APDH han expresado su rechazo a las políticas del gobierno y han exigido la reincorporación de los trabajadores despedidos. En un comunicado conjunto, las organizaciones advierten que el vaciamiento de la SDH “constituye un delito gravísimo” y que los ministros y secretarios responsables deberán responder por sus actos “tanto en el nivel local como internacional”. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia continúa en Argentina, frente a un gobierno que intenta borrar el pasado y silenciar las voces que claman por un futuro basado en el respeto a los derechos humanos.
“Hay algo que no van a romper nunca, que es lo construido –dice San Martín. Con eso no van a poder ni con la dignidad de los trabajadores”.
