¡Córdoba, tierra de alfajores y… ¿torturas en nombre de la salud mental? Un escalofriante informe revela el desmantelamiento sistemático del sistema de salud mental en la provincia, con recortes presupuestarios que superan el 50% desde 2015. Mientras el gobierno provincial se llena la boca hablando de progreso, los pacientes son sometidos a tratos inhumanos y degradantes en instituciones que parecen sacadas de una película de terror. ¡Prepárense para indignarse!
El presupuesto en Salud Mental: una historia de terror
Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ha destapado la olla podrida: el presupuesto destinado a salud mental se ha reducido a la mitad en menos de una década. ¿El resultado? Centros de salud con menos de un psicólogo por cada cuatro habitantes, profesionales con salarios de miseria y pacientes abandonados a su suerte. ¿Acaso la salud mental de los cordobeses no les importa a las autoridades?
Según los investigadores Iván Ase y Jaschele Burijovich, el gobierno no solo ha recortado fondos, sino que tampoco ha reorientado los recursos existentes hacia dispositivos que cumplan con la Ley Nacional de Salud Mental. Es decir, cerraron manicomios sin crear alternativas reales, dejando a miles de personas sin atención adecuada. ¡Un verdadero escándalo!
Denuncias de torturas: el horror detrás de los muros
Pero la cosa no termina ahí. Las denuncias de torturas, maltratos y muertes dentro de instituciones psiquiátricas cordobesas son espeluznantes. El caso de Ezequiel Castro, un joven de 21 años que murió tras ser detenido y alojado en el Centro Psico Asistencial (CPA), es solo la punta del iceberg. Su cuerpo presentaba signos compatibles con tortura. ¿Cuántos Ezequiel más habrá en Córdoba?
Matías Mariño, otro joven víctima del sistema, quedó en estado vegetativo después de pasar por el CPA. Su familia denuncia maltratos, sobremedicación y torturas. Dolores Sepúlveda Broky y Julieta Amaya también murieron en circunstancias dudosas dentro de instituciones psiquiátricas. ¿Hasta cuándo la impunidad reinará en estos centros de horror?
Las autoridades parecen mirar para otro lado mientras las familias de las víctimas claman por justicia. La fiscal Jorgelina Gutiez, a cargo de la causa de Ezequiel Castro, ha sido acusada de inacción y de obstaculizar el acceso a la información. ¿Qué se esconde detrás de este silencio cómplice?
La marcha por la dignidad: un grito desesperado
Ante la desidia del gobierno y la barbarie institucional, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental ha convocado a la 11ª marcha por la dignidad. Miles de personas, entre usuarios, familiares, trabajadores y organizaciones sociales, salieron a las calles para exigir la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental y el fin de la violencia en los centros psiquiátricos. “Cuidar lo público, fortalecer la comunidad y defender la dignidad”, ese es el lema que resume el clamor popular.
Solana Yoma, psicóloga y miembro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la UNC, ha denunciado la “tibieza” de los avances en la implementación de la ley y la persistencia de instituciones manicomiales donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. ¿Será esta marcha el punto de inflexión para que las autoridades escuchen, por fin, el grito desesperado de los cordobeses?
La salud mental no es un juego, señores políticos. Es un derecho fundamental que está siendo pisoteado en Córdoba. ¿Hasta cuándo permitiremos que la impunidad y el desfinanciamiento sigan cobrándose vidas? Es hora de que los responsables rindan cuentas y se garantice una atención digna para todos los pacientes. ¡Basta de barbarie!
El tiempo de la inacción ha terminado. La crisis en salud mental en Córdoba es una bomba de tiempo que amenaza con explotar. La marcha por la dignidad es un llamado a la conciencia, una oportunidad para que la sociedad cordobesa se una y exija un cambio radical. ¡No podemos seguir mirando para otro lado mientras se vulneran los derechos humanos más básicos! ¡Justicia para Ezequiel, Matías, Dolores, Julieta y todas las víctimas del sistema!