La provincia de Córdoba ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de sus trabajadores al adherirse al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado internacional que busca la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Esta decisión, reflejada en el proyecto de ley 39643/L/24, marca un compromiso firme con la creación de entornos de trabajo seguros, justos e inclusivos.
El proceso legislativo: Un paso hacia la protección laboral
El proyecto de adhesión al Convenio 190, presentado por las legisladoras oficialistas Nadia Fernández, Ileana Quaglino, Victoria Busso, Julieta Rinaldi, Silvina Jurich, Karen Acuña, María del Rosario Acevedo, Cristina Pereyra, Carmen Suárez, Stella Peralta, Verónica Navarro Alegre, Dolores Romero y Luciana Presas, ha recorrido un camino clave en la Legislatura Provincial. La Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presidida por la legisladora Jurich, ha sido el escenario de un consenso entre las diferentes bancadas políticas para avanzar en esta iniciativa.
Tras un análisis exhaustivo y la participación de representantes de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión. Ahora se prepara para su posterior tratamiento en la Comisión de Legislación General, donde se espera su aprobación definitiva para que pueda ser promulgada como ley provincial.
El Convenio 190: Un compromiso internacional por entornos laborales seguros
El Convenio 190 de la OIT es un hito histórico. Por primera vez, un tratado internacional reconoce formalmente el derecho fundamental de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, en todas sus formas, incluyendo la violencia y el acoso de género. Su importancia radica en el establecimiento de un estándar internacional para la protección de los trabajadores y en la obligación que asume cada país signatario de adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar este tipo de situaciones.
El texto del Convenio subraya la obligación de los gobiernos de aplicar leyes y políticas efectivas para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto involucra la creación de mecanismos de denuncia, investigaciones exhaustivas, sanciones apropiadas y programas de capacitación y sensibilización para todos los actores involucrados.
La importancia de la adhesión para los trabajadores de Córdoba
La adhesión de Córdoba al Convenio 190 representa un importante avance para proteger a los trabajadores cordobeses de la violencia y el acoso laboral. Al establecer un marco legal claro y conciso, la provincia se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos en el ámbito laboral, reforzando la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
La implementación de este convenio no solo protegerá a los trabajadores de situaciones de violencia o acoso, sino que creará un ambiente laboral más saludable y productivo. Las empresas que adopten medidas para prevenir y responder ante estos problemas pueden mejorar su reputación, atraer y retener talento, y reducir costos asociados a ausentismo y bajas productividades.
Acciones futuras y compromiso a futuro
Además de la adhesión al Convenio 190, la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba se comprometió a abordar otras iniciativas legislativas en la misma línea. En particular, se analizará la iniciativa propuesta por la legisladora de izquierda Luciana Echevarría, que busca ampliar la protección a los trabajadores con medidas complementarias. Este compromiso demuestra una voluntad decidida de establecer un marco normativo integral que asegure la eliminación de la violencia y el acoso laboral en Córdoba.
El camino para la erradicación de la violencia y el acoso laboral es un proceso continuo que requiere el esfuerzo conjunto de los trabajadores, empleadores, y el Estado. Con la adhesión al Convenio 190, Córdoba ha dado un paso fundamental en este sentido. Sin embargo, la verdadera eficacia de la normativa dependerá de su correcta implementación y del compromiso de todos para lograr entornos de trabajo libres de violencia, justos e igualitarios para todos.
