El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, intervino en el conflicto que se desató en el colegio San José luego de la suspensión de su directora, Candelaria Stancato, por sancionar a alumnos involucrados en un caso de sexting. La decisión de la institución de suspender a la directora por 15 días sin goce de sueldo provocó una ola de protestas de parte de la comunidad educativa, quienes la apoyaban argumentando que había actuado correctamente al aplicar los preceptos de la Educación Sexual Integral (ESI).
La intervención de Llaryora y el respaldo a la autoridad docente
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Llaryora expresó su apoyo a los docentes y directivos, afirmando que su autoridad debe ser respetada y que cualquier acto que transgreda la convivencia debe ser abordado analizando las responsabilidades. El mandatario provincial instruyó al ministro de Educación, Horacio Ferreyra, para continuar fortaleciendo la autoridad de los docentes y directivos en las escuelas. Llaryora enfatizó que la autoridad docente es fundamental para el aprendizaje y que sin ella no es posible educar adecuadamente.
La declaración de Llaryora se produce en un contexto de tensión entre la autoridad docente y la injerencia de los propietarios del colegio en las decisiones del equipo directivo. La suspensión de la directora, según la comunidad educativa, fue una muestra de esa interferencia, cuestionando la gestión de Stancato en la sanción a los alumnos que difundieron imágenes íntimas de una compañera sin su consentimiento.
El conflicto y la toma del colegio
El lunes anterior a la publicación del mensaje del gobernador, estudiantes, docentes y padres realizaron una toma del colegio San José en señal de protesta contra la suspensión de la directora. Argumentaban que la decisión de Stancato de sancionar a los alumnos fue correcta, ajustándose a los protocolos de la ESI y al grave carácter del incidente. Este hecho pone de manifiesto el profundo desacuerdo dentro de la institución y la firme postura de la comunidad educativa en defensa de la autoridad de la directora.
La sociedad propietaria del colegio justificó la suspensión argumentando que la sanción aplicada por la directora a los alumnos involucrados en la filtración de imágenes íntimas fue ‘abusiva y exagerada’. Esta discrepancia entre la perspectiva de la propiedad y la de la comunidad educativa subraya la complejidad del conflicto y la necesidad de encontrar soluciones que respeten los derechos de todos los involucrados, tanto de la víctima como de los alumnos sancionados.
El acuerdo y el levantamiento de la protesta
Tras una reunión mediada por funcionarios del Ministerio de Educación y la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIpe), se llegó a un acuerdo. Como resultado, la sanción impuesta a la directora Candelaria Stancato fue anulada de manera provisional. La sociedad propietaria deberá revisar la decisión antes del 22 de noviembre. Mientras tanto, Stancato podrá retomar sus funciones en el colegio.
El acta firmada por las partes establece que la medida tiene el efecto de una conciliación obligatoria. En caso de que la sanción se mantenga, estudiantes, docentes y familias se reservan el derecho a reiniciar las medidas de fuerza. Este acuerdo temporario representa un avance significativo, pero la resolución definitiva del conflicto queda pendiente.
La investigación judicial
Paralelamente al conflicto en el ámbito educativo, se ha presentado una denuncia ante el Polo de la Mujer por la filtración de las fotos íntimas de la estudiante. La Fiscalía Penal Juvenil del Primer Turno abrió una investigación para determinar las responsabilidades de los tres alumnos implicados en este hecho. Las autoridades judiciales están analizando el accionar de los menores involucrados en la difusión de material íntimo sin consentimiento.
Las acciones judiciales toman un curso independiente del conflicto escolar, aunque ambos están estrechamente relacionados. La investigación se centra en el posible delito de violación a la intimidad y privacidad, estableciendo la gravedad de las acciones de los alumnos. Los resultados de esta investigación pueden tener consecuencias legales para los estudiantes implicados.
Declaraciones del Ministro de Educación
El Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, dialogó con La Voz sobre la situación. Comentó que se analizará la situación para tomar las medidas necesarias, enfocándose en fortalecer el rol de la autoridad pedagógica en las instituciones educativas. Aseguró que las instituciones privadas cuentan con autonomía en el nombramiento de sus equipos directivos, pero que es crucial analizar la corresponsabilidad de todos los estamentos dentro de la institución.
Ferreyra también destacó la labor de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza en este tipo de conflictos, actuando como puente entre la institución privada y el Estado para lograr la armonización de las acciones educativas. Asimismo, recalcó que el ministerio viene trabajando desde 2017 sobre el uso responsable de la tecnología en las aulas, instando a las escuelas a revisar sus normativas internas para un uso apropiado de los dispositivos móviles.
El conflicto en el colegio San José destaca la complejidad del debate sobre la autoridad docente, el rol de las instituciones educativas, el uso responsable de la tecnología y la importancia de abordar los casos de sexting de manera eficiente y sensible. La intervención de Llaryora, el acuerdo alcanzado, y la investigación judicial forman parte de un proceso que requiere una reflexión profunda sobre la manera de manejar estos casos en el futuro, buscando proteger a las víctimas y promover una cultura de respeto y responsabilidad entre los estudiantes.
