En una carta abierta publicada el martes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena en su contra en la causa Vialidad, que se espera sea confirmada este miércoles, es un intento de proscripción política de por vida. Fernández tildó el fallo como un acto de ‘lawfare’ y una maniobra orquestada por el ‘Partido Judicial’ y medios de comunicación para deslegitimar a los gobiernos peronistas y eliminar a sus líderes.
La carta de Kirchner: Acusaciones y argumentos
En el escrito, la expresidenta argumenta que la condena es parte de una estrategia para influir en el proceso electoral, señalando la cercanía de la audiencia a las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ). Fernández acusa directamente a los jueces que revisarán la condena, a quienes llama “Los Copitos de Comodoro Py”, haciendo referencia a la agresión sufrida en septiembre de 2022, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri. Sus acusaciones incluyen que la sentencia responde a una persecución política hacia el peronismo en general, y a ella en particular por su trayectoria política.
Como pilar de su defensa, Kirchner cita el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que señala la responsabilidad del Jefe de Gabinete y no del Presidente en la administración general del país. De esta manera, argumenta que, como presidenta, no podía ser penalmente responsable de la administración fraudulenta en obras viales que se le imputa. Llama la atención que Barra, un funcionario del gobierno de Javier Milei, quien representa una postura política opuesta a la de Kirchner, sustente su defensa.
Comparaciones y antecedentes
La expresidenta también compara su situación con la de otros líderes latinoamericanos que sufrieron persecución judicial, como Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa. Incluso alude a la situación de Donald Trump en Estados Unidos como evidencia de una supuesta estrategia global que busca judicializar a líderes políticos que representan modelos socioeconómicos que desafían el status quo.
Fernández resalta la discrepancia entre la condena que se le impone a ella, y las penas recibidas por funcionarios condenados en casos como la represión de 2001, que dejó un saldo de 31 muertes. Este contraste busca evidenciar lo que ella considera una doble vara de medición en el sistema judicial argentino.
Acusaciones contra Macri y el ‘Partido Judicial’
La vicepresidenta dedica un apartado de su carta a dirigir fuertes acusaciones contra el expresidente Mauricio Macri, su familia y sus presuntos vínculos con los jueces. Señala presuntos casos de impunidad relacionados con la familia Macri, como contrabando de autos, deudas en la causa del Correo Argentino y blanqueo de capitales, contrastando la supuesta rigurosidad judicial aplicada en su caso.
Para reforzar su argumento, detalla los supuestos vínculos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña con Macri, alegando falta de imparcialidad y la existencia de un ‘Partido Judicial’ que busca eliminar del escenario político a sus adversarios.
Análisis del contexto político y las consecuencias
La denuncia de Cristina Fernández llega en un momento político clave, días antes de la elección de autoridades del PJ y a menos de un año de las elecciones presidenciales en Argentina. Su estrategia de comunicación, que incluye una carta abierta con fuertes acusaciones y el uso de redes sociales para difundir su mensaje, busca movilizar a su base de apoyo y obtener el respaldo público a su versión de los hechos. El uso de un tono fuerte y la evocación de comparaciones históricas buscan conmover a la opinión pública, presentando la condena como un hecho político antes que judicial.
La respuesta a estas acusaciones por parte del gobierno y el sistema judicial argentino, así como la reacción de la oposición y de los medios de comunicación será decisiva para el desarrollo de la narrativa en los próximos días. El impacto del discurso de la vicepresidenta y de la condena que se espera confirmará tendrá una profunda repercusión en el escenario político del país, particularmente en el futuro electoral. El caso promete generar un amplio debate en la sociedad argentina acerca del funcionamiento del sistema judicial, de las acusaciones de lawfare y de la independencia de la justicia frente al poder político.
La carta de Cristina Fernández de Kirchner representa un fuerte desafío al sistema judicial y al gobierno en Argentina. Su denuncia de proscripción política y las acusaciones de lawfare configuran un episodio de alta tensión en la coyuntura política actual del país, prometiendo un prolongado debate público acerca de justicia, poder político e independencia judicial. Su estrategia de comunicar esta acusación a través de un lenguaje visceral y emotivo busca generar movilización en su base electoral y un replanteo generalizado en relación a la legalidad y la legitimidad del proceso judicial.
