El caso de abuso sexual ocurrido en la cárcel de Bouwer, Córdoba, ha desatado un intenso debate en Argentina sobre la identidad de género y la seguridad en el sistema penitenciario. Una reclusa que cambió legalmente de género, tras una condena por violencia de género, abusó sexualmente de otra presa, generando fuertes reacciones políticas y sociales.
La declaración de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió una controversial declaración a través de su cuenta de Twitter, donde cuestionó el proceso de cambio de género de la reclusa. Sus palabras, “La autopercepción es una mentira para seguir haciendo adentro lo que hacía afuera”, generaron una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.
Bullrich argumentó que el sistema no puede ser engañado y que la reubicación de la reclusa en el pabellón femenino permitió la repetición de los delitos cometidos con anterioridad. Además, destacó que en las cárceles federales, bajo su jurisdicción, no se permite esta situación y remarcó su intención de evitar que las cárceles se conviertan en “tierra de nadie”.
El caso de Gabriela Nahir Fernández
El caso central involucra a Gabriela Nahir Fernández, anteriormente conocida como Gabriel Fernández. Condenada por violencia de género contra su pareja en 2018, Fernández inició el proceso legal de cambio de género y fue reubicada en el pabellón femenino de la cárcel de Bouwer.
Tras el traslado, Fernández perpetró nuevos abusos sexuales y otros actos de violencia contra otras internas. Este hecho ha puesto en evidencia las deficiencias y falta de protocolos específicos para la gestión de la población transgénero en los sistemas carcelarios argentinos.
Implicaciones legales y dilemas éticos
La resolución judicial en este caso ha destacado la vulneración de los derechos de 481 mujeres internas debido al traslado de Fernández. El fallo subraya el desafío de conciliar los derechos de la persona transgénero con la seguridad y el bienestar del resto de la población carcelaria.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian ha cuestionado la ley 26.743 de identidad de género, argumentando que presenta laxis en sus requisitos en comparación con otras legislaciones que exigen pericias psicológicas y otros estudios. Señala que actualmente no hay una solución adecuada para albergar a individuos transgénero con antecedentes de violencia de género en el contexto penitenciario actual.
El debate en torno a la identidad de género
La controversia trasciende el caso específico y abre un debate más amplio sobre cómo los sistemas penitenciarios deben manejar la población transgénero, reconociendo los derechos de las personas trans, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de todas las internas. La declaración de Bullrich, a pesar de ser criticada por activistas de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+, refleja la preocupación por garantizar la seguridad de las mujeres en las cárceles.
Se ha abierto el debate respecto a la creación de instalaciones penitenciarias separadas y especializadas para albergar a las personas trans con antecedentes de violencia de género, así como la necesidad de fortalecer los protocolos y procesos de evaluación para garantizar la seguridad de toda la población carcelaria. La solución, a priori, no es simple y requiere una consideración profunda de los derechos de todos los implicados
El rol del sistema penitenciario
El sistema penitenciario argentino enfrenta el desafío de adecuarse a la creciente población transgénero dentro de sus instalaciones. La falta de protocolos adecuados, la falta de recursos y el desconocimiento sobre cómo lidiar con esta población vulnerable, genera una situación riesgosa para las personas trans y para el resto de las personas privadas de la libertad. Este caso exige una profunda revisión de las políticas penitenciarias y la implementación de medidas que protejan la integridad de todos los internos y que aseguren una adecuada respuesta a los cambios sociales.
Algunos expertos sugieren que se debe considerar un modelo que no solo se centra en la identidad de género autopercibida, sino que también toma en cuenta los antecedentes delictivos y el riesgo de reincidencia. Otras alternativas plantean la creación de espacios dentro de las prisiones ya existentes, adaptados a las necesidades de la población transgénero.
Conclusiones y perspectivas futuras
El caso de Gabriela Nahir Fernández deja al descubierto las fallas del sistema penitenciario argentino en cuanto a la gestión de la población transgénero. La polémica declaración de Bullrich exacerba las tensiones ya existentes entre la seguridad carcelaria y los derechos de las personas transgénero. Encontrar un equilibrio entre ambas necesidades es un desafío crucial para la justicia y el sistema penitenciario, pero no por eso debe dejarse de lado.
El camino hacia una mejor gestión de esta problemática requiere una reflexión conjunta que involucre a diferentes sectores de la sociedad: legisladores, funcionarios, expertos, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las personas transgénero. La prioridad debe ser la seguridad y la protección de las personas privadas de su libertad, pero sin perder de vista la necesidad de respetar y garantizar los derechos de todas las personas, sin importar su género o identidad.
Más allá de las declaraciones políticas
Este caso desafía la forma en que entendemos la identidad de género dentro del complejo marco del sistema penitenciario, impulsando la necesidad de desarrollar políticas inclusivas, eficientes y seguras. La implementación de una respuesta integral no se limita a simplemente cambiar leyes, requiere también una modificación cultural de la concepción del género y su interrelación con los derechos humanos y la seguridad.
