La sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para este martes para tratar el límite a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el rechazo al decreto 846/24, que otorga amplias facultades al Ministro de Economía para canjear deuda, fue suspendida debido a la falta de quórum. Esta situación, atribuida a presiones del gobierno sobre diferentes bloques de la oposición, revela un complejo entramado político con implicaciones significativas para el rumbo económico y legislativo del país.
Presiones Gubernamentales y la Caída del Quórum
El oficialismo, a través de una intensa presión ejercida sobre gobernadores de distintas fuerzas políticas, logró desestabilizar la estrategia opositora. Si bien la oposición contaba con el quórum necesario al principio, la presión gubernamental provocó la deserción de diputados de bloques clave como Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
La amenaza latente de una sesión para tratar el presupuesto 2025 en comisión, lanzada por el oficialismo, pareció ser el catalizador que precipitó la suspensión de la sesión. La promesa (o amenaza velada) de discutir el presupuesto, crucial para cualquier gobierno, indujo a muchos diputados a reconsiderar su asistencia y voto, favoreciendo la estrategia oficialista.
El Rol de los Gobernadores en la Crisis de Quórum
Las presiones sobre los gobernadores fueron la pieza central de la estrategia del gobierno para frustrar la sesión. Gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) vieron sus intereses políticos afectados directamente por esta decisión, lo que provocó la inasistencia de sus diputados alineados.
La presión no se limitó al peronismo kirchnerista. El gobernador cordobés Martín Llaryora, también sufrió presiones que influyeron en la asistencia de sus diputados. Si bien algunos estaban inicialmente dispuestos a dar quórum y votar por las propuestas opositoras, la presión logró modificar algunas decisiones de última hora.
En Encuentro Federal, la situación fue similar. Diputados como Francisco Morchio y Jorge Ávila, de Entre Ríos y Chubut respectivamente, se ausentaron tras las instrucciones de sus respectivos gobernadores. La diputada Melina Giorgi, del bloque Democracia para Siempre, también generó incertidumbre hasta último momento.
Estrategias del Oficialismo: Un Movimiento Previo al Debate
Horas antes del fracaso de la sesión, el oficialismo convocó a una reunión de comisión para discutir el presupuesto 2025, sin la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. Esta jugada generó especulaciones y dio lugar a una posible firma del dictamen con posterioridad a la reunión.
Esta maniobra buscó anticiparse a un posible movimiento de Encuentro Federal, que consideraba la posibilidad de presionar a la comisión para que emitiera un dictamen en un plazo definido. El bloque de Miguel Pichetto preparó un dictamen alternativo, buscando mostrar voluntad de negociación ante la aparente falta de interés por parte del gobierno en avanzar con el presupuesto.
Reacciones de los Bloques Opositores tras la Suspensión
Luego de la suspensión, los líderes de la oposición expresaron su decepción. Se notó una clara preocupación por la falta de quórum, aunque se resaltó que había un escenario incluso peor: contar con el quórum pero carecer de los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley. Esto les hubiese impedido volver a tratar el proyecto este año.
Unión por la Patria recalcó la necesidad de reformar la ley de DNU para lograr un marco de mayor institucionalidad, mientras que el PRO, que anticipó su negativa a participar de la sesión, reprogramó una sesión para el miércoles 20 para impulsar proyectos como la ‘Ficha Limpia’, una iniciativa sobre la reiterancia delictiva y el retorno del voto por correo.
La UCR, siguiendo la línea de sus gobernadores, también se abstuvo de participar en la sesión. Se argumentó la inoportunidad de la reforma, considerando que no se aplicó el mismo estándar a gobiernos anteriores.
El Impacto de la Falta de Quórum: Más Allá de la Sesión Fallida
La suspensión de la sesión deja un interrogante fundamental en el ámbito legislativo: ¿Se logrará alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas para avanzar con los proyectos que buscan regular los DNU y limitar las facultades del Ejecutivo para renegociar deuda externa? La falta de voluntad de consenso es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que implican el excesivo uso de DNU y los alcances del decreto 846/24.
El hecho de que el gobierno haya logrado torpedear una iniciativa clave de la oposición a través de la presión política, evidencia una estrategia agresiva que pone en jaque la gobernabilidad y la autonomía del poder legislativo. El uso de presiones extra-parlamentarias para bloquear iniciativas parlamentarias constituye un precedente preocupante para la vida democrática del país. Se espera un nuevo intento por parte de la oposición, pero el éxito dependerá, en gran medida, del equilibrio de fuerzas políticas y la capacidad de alcanzar consensos.
La reforma de la ley de DNU pretendía establecer un límite de 90 días para su aprobación en el Congreso, y exigía el aval de ambas cámaras para su vigencia, permitiendo el rechazo con una sola cámara. Se pretendía frenar el uso excesivo de DNU por parte del actual gobierno, que ha dictado 42 en 11 meses, muchos de los cuales se consideran inconstitucionales.
Asimismo, la oposición buscaba rechazar el decreto que permite canjes de deuda sin las debidas autorizaciones del Congreso, dejando un vacío legal de gran magnitud que afectaría de manera decisiva al manejo de la economía y al control del gasto público. El debate no solo se centra en el poder Ejecutivo, sino en los alcances de sus prerrogativas y la necesidad de un sistema de pesos y contrapesos en un estado democrático.
