El Gobierno argentino ha revocado la asignación mensual vitalicia que percibía el exvicepresidente Amado Boudou. Esta decisión, oficializada mediante la Resolución 1103/2024 y publicada en el Boletín Oficial, se basa en la condena de Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La ANSES argumenta que esta condena lo descalifica para recibir beneficios otorgados bajo la Ley 24.018, ya que las asignaciones son consideradas “una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”, valores que, según el organismo, fueron violados por las conductas delictivas de Boudou.
Análisis de la Decisión
La resolución de la ANSES destaca que la asignación carece de inalienabilidad e irrevocabilidad, supeditándose al buen desempeño en el cargo. Se considera que la conducta deshonrosa de Boudou, determinada con fuerza de verdad legal, resulta jurídicamente incompatible con la percepción del beneficio. La pérdida de este privilegio, según el Gobierno, tiene un significado ejemplar para la sociedad y la clase política.
Comparativa con otros Casos: Cristina Kirchner y Carlos Menem
Esta decisión genera una inevitable comparación con otros casos similares. Recientemente, el Gobierno también le dio de baja las prestaciones a Cristina Fernández de Kirchner, generando un intenso debate público. La situación de Boudou, sin embargo, difiere ligeramente del caso de la expresidenta, donde el beneficio fue dado de baja, mientras que en este caso, fue directamente revocado, dada la existencia previa de la condena al momento del otorgamiento del beneficio.
El caso de Carlos Menem, fallecido ex presidente también condenado por delitos, introduce otra capa de complejidad. Si bien su situación jurídica era similar a la de Cristina Kirchner en el momento de su muerte, el Gobierno ha decidido no revocar la pensión vitalicia de su viuda, generando la acusación de “doble vara”. La justificación oficial se centra en que las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado.
El Argumento del Gobierno
El director ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que la situación de Menem no es comparable a la de Kirchner y Boudou. De los Heros argumenta que la condición para mantener las asignaciones de privilegio está vinculada al buen desempeño en el cargo y la ausencia de condenas por delitos que perjudican al erario público. En el caso de Menem, la condena existió pero no concluyó debido a su fallecimiento. Según esta lógica, el beneficio a la esposa de Menem no sería revocabe. La diferencia de trato con los otros casos crea una importante controversia en el sistema judicial y público.
De los Heros agregó que el organismo consultará a la Procuración del Tesoro para determinar cómo proceder con el dinero ya cobrado por Boudou. Se estudia la posibilidad de reclamar judicialmente el reembolso de la totalidad del beneficio percibido, dado que la condena ya existía al momento de otorgar la asignación. Esta situación, no registrada en los casos anteriores, añade un aspecto legal notable.
La Ley 24.018 y sus Interpretaciones
Tanto los casos de Cristina Kirchner como el de Boudou se rigen bajo la Ley 24.018. Sin embargo, la ley no aborda explícitamente la revocación de asignaciones por condenas judiciales. La ANSES interpreta que la condena por delitos contra el Estado Nacional constituye un ‘mal desempeño’ según el espíritu de la ley, aunque no haya remoción de cargo. Esta interpretación genera debate legal.
La falta de un dictamen previo de la Procuración del Tesoro en el caso de Boudou, a diferencia de casos previos de suspensión de asignaciones de privilegio, genera interrogantes acerca de la consistencia en los procedimientos. La resolución para la revocación de Boudou cita como antecedente el caso de Cristina Kirchner, generando sospechas de una decisión política con fines selectivos, que ha sido criticado por diferentes actores de la escena política nacional
La revocación de la jubilación de privilegio a Amado Boudou, en el contexto de decisiones similares y diferentes con Cristina Kirchner y Carlos Menem, presenta un escenario complejo y genera un debate crucial sobre la interpretación y aplicación de la Ley 24.018. Las diferencias en el trato de los casos y las interpretaciones legales aplicadas dan lugar a una fuerte crítica al gobierno actual por parte de diferentes actores políticos. La decisión del gobierno genera controversias y pone en relieve las complejidades del sistema legal y las implicancias políticas de la justicia en el país.
