Las condenas a 45 activistas prodemocracia en Hong Kong han generado una ola de rechazo internacional. Estados Unidos, Australia y la Unión Europea se han pronunciado enérgicamente contra las sentencias, acusando al régimen chino de reprimir las libertades fundamentales y violar los acuerdos internacionales.
Las Condenas y la Reacción Internacional
El mayor juicio realizado bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, impuesta por China en 2020, ha resultado en condenas de entre cuatro y diez años de prisión. Los acusados fueron encontrados culpables de “conspiración para subvertir el poder del Estado”, por organizar unas primarias no oficiales en 2020 con el objetivo de obtener una mayoría legislativa prodemocrática.
Estados Unidos condenó enérgicamente las sentencias, calificándolas como un ataque a los derechos democráticos en Hong Kong. Un portavoz del consulado estadounidense en Hong Kong afirmó que los condenados fueron encarcelados por participar pacíficamente en actividades políticas normales, protegidas bajo la Ley Básica de Hong Kong. Similarmente, Australia expresó su “grave preocupación”, especialmente por la condena del ciudadano australiano Gordon Ng.
La Unión Europea (UE) describió las condenas como “otro golpe sin precedentes” contra las libertades fundamentales, la democracia y el pluralismo en Hong Kong. Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) subrayó la preocupación de la UE por el procesamiento por “motivos políticos” de los activistas, condenados por actividades pacíficas que deberían ser legítimas en una democracia.
La Ley de Seguridad Nacional y sus Implicaciones
La Ley de Seguridad Nacional, impuesta por China en 2020, ha sido el centro de la controversia y criticada por numerosos gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Si bien el régimen chino argumenta que esta ley es necesaria para restablecer el orden tras las protestas masivas de 2019, los críticos la señalan como una herramienta para reprimir la disidencia política y reducir significativamente las libertades civiles en Hong Kong.
La ley ha permitido al gobierno chino procesar a activistas prodemocráticos por una amplia gama de actividades, incluyendo la organización de protestas pacíficas y la expresión de opiniones disidentes. Esta represión ha erodido constantemente la autonomía prometida a Hong Kong bajo el principio de “un país, dos sistemas”, vigente desde la transferencia de soberanía del Reino Unido a China en 1997.
El Caso “Hong Kong 47”
Este caso, conocido como “Hong Kong 47”, involucra a 47 activistas prodemocracia arrestados en enero de 2021. Entre ellos se encuentran figuras prominentes como el académico Benny Tai, condenado a diez años de prisión, considerado el cerebro detrás del plan de la primaria no oficial. Otros organizadores recibieron condenas de hasta siete años y tres meses.
El juicio y las sentencias fueron ampliamente criticados por organizaciones como Human Rights Watch, quienes señalan que reflejan un marcado declive de las libertades civiles y la independencia judicial en Hong Kong en los últimos cuatro años. La directora asociada para China de Human Rights Watch, Maya Wang, lo describe como un esfuerzo sistemático de Pekín para eliminar la disidencia política en la región.
Perspectivas y Conclusiones
Las condenas en Hong Kong marcan un punto de inflexión en la tensión entre China y Occidente. La respuesta internacional es un reflejo del creciente malestar ante la erosión de la autonomía de Hong Kong y las crecientes preocupaciones sobre los derechos humanos en la región. La comunidad internacional sigue vigilando de cerca la situación y exigiendo a China que respete sus obligaciones internacionales.
El futuro de Hong Kong y su sistema político único permanece incierto en el contexto de las crecientes presiones por parte de China. La comunidad internacional continuará evaluando la situación y las acciones subsiguientes del gobierno chino.
Este caso resalta la importancia de defender los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el mundo. Los acontecimientos en Hong Kong plantean interrogantes sobre el futuro del principio de “un país, dos sistemas” y la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a las violaciones de derechos humanos por parte de un Estado poderoso.
