El sistema previsional argentino se caracteriza por su complejidad. Si bien existe una ley general (24.241) que establece los requisitos para acceder a una jubilación o pensión contributiva, la realidad es que la mayoría de los beneficiarios lo hacen a través de otros mecanismos, como moratorias y regímenes especiales. Este artículo analiza en profundidad este laberinto normativo, presentando datos relevantes que explican la situación actual.
La excepción que se convirtió en regla: la baja proporción de jubilaciones por la ley 24.241
Un informe reciente de la consultora Idesa revela un dato sorprendente: solo el 20% de las prestaciones previsionales en Argentina corresponden a quienes cumplieron con los requisitos de la ley 24.241, sin recurrir a moratorias. Esto significa que cuatro de cada cinco jubilados y pensionados accedieron a sus beneficios por vías alternativas, lo cual indica una problemática estructural en el sistema.
Diversos factores contribuyen a esta situación. La alta informalidad laboral es uno de los más relevantes, donde una importante porción de la población activa no realiza aportes regulares. De acuerdo a la EPH del INDEC, la mitad de asalariados y cuentapropistas no contribuye al sistema, incrementando el número de personas que llegarían a la edad de retiro sin los 30 años de aportes necesarios.
Moratorias: una solución recurrente, pero con desafíos de sostenibilidad
Las moratorias previsionales han sido una herramienta utilizada reiteradamente por el Estado para permitir el acceso a la jubilación a aquellos que no cumplieron con los requisitos contributivos. Esto se materializó con la reglamentación de diferentes leyes, siendo la Ley 27.705 la última y más masiva, con fecha de vencimiento el 23 de marzo de 2025. El gobierno ha aclarado que no se prorrogará este plan.
Si bien las moratorias amplían el acceso a la seguridad social, plantean importantes interrogantes respecto a la sostenibilidad del sistema. El alto porcentaje de prestaciones que se otorgan mediante estas vías representa una presión financiera significativa sobre el Estado, que se enfrenta al desafío de financiar estas asignaciones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
La multiplicidad de regímenes: un sistema fragmentado
Otro aspecto que explica la complejidad del sistema es la coexistencia de múltiples regímenes previsionales, cada uno con sus propias reglas y beneficios. Un 18% de las prestaciones provienen de regímenes diferentes al general, incluyendo sistemas provinciales, municipales, de bancos estatales, cajas profesionales y regímenes especiales o con leyes anteriores.
Estas diferencias generan inequidad y problemas de financiamiento, con posibles subsidios cruzados entre los distintos regímenes. Los regímenes especiales, por ejemplo, a menudo justifican condiciones más beneficiosas, como edades más tempranas de retiro, basadas en las características específicas de ciertas actividades laborales que se suponen conducen a un envejecimiento prematuro. Algunos regímenes especiales se han creado en base a una supuesta cuestión de “mérito”, agregando una capa más de complejidad y desigualdad al sistema.
El caso de las asignaciones a expresidentes: una excepción polémica
Las asignaciones vitalicias otorgadas a expresidentes y exvicepresidentes, establecidas en la ley 24.018, se han convertido en objeto de gran controversia debido a sus elevados importes. Recientemente, el gobierno decidió dar de baja las prestaciones de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ha reavivado el debate sobre el costo y la justicia de estos beneficios.
Estos pagos excesivos acentúan las inequidades del sistema, creando una gran diferencia entre los beneficios obtenidos por expresidentes y aquellos correspondientes a jubilados y pensionados comunes. De cara al futuro, un sistema previsional sostenible debería buscar un equilibrio mayor que elimine este tipo de privilegios y asegure la equidad en la distribución de los recursos.
El desafío de un sistema integral: hacia una reforma estructural
La complejidad y las inequidades del sistema previsional argentino requieren un análisis y una reforma profunda que busque la sostenibilidad y la justicia. Como concluye el informe de Idesa, más allá de la discusión sobre casos particulares como el de las asignaciones a expresidentes, se debe abordar un ordenamiento integral de todos los regímenes, tendiendo a eliminar los tratamientos especiales y promover un sistema más equitativo y transparente.
Una posible solución sería la implementación gradual de un sistema de prestaciones proporcionales a los años de aportes, lo cual incentivaría la formalidad laboral y la contribución regular al sistema previsional. De esta manera, se podría avanzar hacia un esquema más justo y eficiente, asegurando la protección social para todos los ciudadanos sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
En resumen, el sistema de jubilaciones argentino presenta un panorama complejo y desigual. La dependencia de moratorias y la multiplicidad de regímenes especiales revelan la necesidad urgente de una reforma estructural que impulse la formalización del trabajo, la equidad en el acceso a las prestaciones y la sostenibilidad financiera del sistema. Esta reforma, debe contemplar también la eliminación gradual de los tratamientos especiales, incluyendo las asignaciones vitalicias otorgadas a expresidentes y exvicepresidentes.
