El reciente anuncio del gobierno argentino sobre la suspensión de la asignación graciable a Cristina Kirchner, ex presidenta del país, ha desatado un intenso debate público. Si bien la cifra recibida por Kirchner – más de $35 millones de pesos en noviembre, incluyendo un adicional de $6 millones por su domicilio declarado en Río Gallegos – ha acaparado los titulares, este caso puntual nos ofrece la oportunidad de analizar un problema de mayor envergadura: el sistema de jubilaciones privilegiadas en Argentina y su impacto en las finanzas públicas y la equidad social.
El caso Kirchner: un síntoma del problema
La asignación graciable a ex presidentes y vicepresidentes en Argentina es una práctica que, si bien tiene un fundamento legal, ha sido objeto de fuertes críticas por la cuantía de los beneficios y por la falta de transparencia. El caso de Kirchner es paradigmático. Si bien se enfatiza que el beneficio no es una pensión, el importe recibido resulta escandaloso, más aún considerando su residencia en Buenos Aires y no en Río Gallegos, tal como lo establece el suplemento por zona austral. La situación ha provocado reacciones políticas fuertes, que van desde las acusaciones de corrupción hasta la exigencia de una reforma integral del sistema.
La suspensión de la asignación a Kirchner, realizada tras su condena por corrupción, plantea también la cuestión de los derechos adquiridos y la justificación ética del beneficio en casos de condena por delitos contra la administración pública. Este caso nos lleva a cuestionar si un sistema de asignaciones vitalicias, sin una clara vinculación al aporte previsional y sin criterios objetivos de otorgamiento, es justo y equitativo en un país con altos índices de pobreza y desigualdad.
El problema de los regímenes especiales de jubilación
Más allá del escándalo que rodea al caso Kirchner, el verdadero problema reside en la existencia de más de 200 regímenes de jubilación especiales en Argentina, que abarcan a un 40% de los beneficiarios previsionales. Estos regímenes, como el caso de los empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, restablecido recientemente luego de haber sido eliminado, otorgan beneficios muy superiores a los del régimen general, alcanzando en algunos casos hasta un 85% más en los haberes, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Esta situación genera una profunda inequidad. Mientras un trabajador del sector público con un régimen especial se jubila con una confortable pensión, un trabajador del sector privado con aportes similares al régimen general recibe un beneficio significativamente menor, lo que refleja profundas diferencias en la calidad de vida de los jubilados en función de su sector de empleo. Se debe tomar en cuenta además la gran cantidad de empleados del estado que se benefician de estos regímenes, y su coste fiscal que termina afectando a toda la población.
El impacto fiscal de las jubilaciones privilegiadas
El costo fiscal de estos regímenes especiales asciende a un 5% del PBI, representando la mitad del gasto total en el sistema previsional. Este monto podría utilizarse para financiar otros programas sociales cruciales, para mejorar los servicios de salud y educación, o para incrementar la inversión en sectores prioritarios de la economía. La falta de equidad y la enorme presión fiscal que suponen las jubilaciones especiales son incompatibles con la necesidad de un desarrollo económico inclusivo en Argentina. Por lo tanto la reforma previsional debería contemplar la eliminación gradual de los regímenes especiales.
La sostenibilidad del sistema previsional argentino depende de una reforma estructural que se centre en tres pilares: el equilibrio fiscal, la equidad social y la modernización administrativa. Un sistema más justo, simple y transparente donde las excepciones sean realmente excepcionales es fundamental para garantizar la seguridad y la dignidad de los jubilados en el futuro. Mientras la focalización se concentra en casos puntuales de asignación especial o privilegio, sin tocar la raíz del problema se hace imposible reformar la estructura del sistema.
Propuestas para un sistema previsional más justo
Rafael Rofman, economista e investigador principal del Cippec, propone un esquema más simple basado en un ingreso básico universal para todos los adultos mayores, más un complemento proporcional a los aportes realizados. Este sistema eliminaría el requisito de los 30 años de aportes, fomentando la inclusión, y garantizaría una cobertura total a la población mayor, mientras reduce la inequidad e ineficiencia del sistema actual.
Además, se deberían revisar otros aspectos del sistema. ¿Tiene sentido la diferencia de edad para el retiro entre hombres y mujeres? ¿Se deben mantener las edades de jubilación de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, considerando el aumento de la expectativa de vida? ¿Tienen sentido las pensiones por fallecimiento en un contexto social actual donde la participación femenina en el mercado laboral es considerablemente mayor? Un esquema simple, universal e igualitario reduciría drásticamente los regímenes especiales, dando fin a los casos excepcionales como el de Kirchner que no hacen otra cosa que perpetuar una sensación de injusticia.
el debate más allá de Cristina Kirchner
El caso de Cristina Kirchner ha puesto de manifiesto un problema estructural en el sistema previsional argentino, un problema más amplio y grave que las acciones de un único individuo. Para resolverlo se necesita un compromiso político firme y un consenso social en torno a la necesidad de un sistema más justo, equitativo, transparente y sostenible. El camino no pasa por debatir las asignaciones especiales a ex-presidentes, sino por revisar en su conjunto la estructura del sistema para asegurar la protección social de los jubilados argentinos. Se necesita un sistema de reparto equitativo para la totalidad de la población de acuerdo a su contribución al sistema previsional.
