Una camioneta Chevrolet S10, vinculada a la empresa Austral Agro SRL, fue secuestrada en la localidad de Guer Aike, Santa Cruz, en el marco de la causa por lavado de dinero que investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El operativo, llevado a cabo por la Policía de Santa Cruz, se realizó el domingo 17 a las 13:30 horas.
Detalles del secuestro
El vehículo, con patente NJJ 993, número de chasis 9BG148FK0EC409365 y número de motor V1A068844, cuenta con un pedido de secuestro emitido por el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 19, desde el 28 de febrero de 2019. La orden judicial forma parte de la causa caratulada ‘Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ Inf. Art. 303 del Código Penal’.
El conductor, Agustín Tomás Cortez, de 25 años y residente en Río Gallegos, fue notificado de la medida. Se encontraba acompañado por otras cuatro personas: Pablo Zarza Atay, Josefina Sheila Brandi, David Ricardo Benítez y Lucas Benegas, todos residentes de Río Gallegos. Si bien se les informó del procedimiento, ninguna de las personas fue retenida.
Conexión con Austral Agro y la causa judicial
Según investigaciones de OPI Santa Cruz, la camioneta pertenece a Austral Agro SRL, empresa del empresario Lázaro Báez. Austral Agro se encuentra bajo investigación judicial por lavado de dinero desde 2018, con su presidencia a cargo de Leandro Báez, hijo del mencionado empresario.
Es importante destacar que la documentación de la camioneta se encontraba a nombre de otra empresa, Kank y Costilla, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación. El conductor inicialmente indicó que el vehículo pertenecía a su padre, Roberto Federico Cortez, quien trabajaría para Austral Agro. La verificación a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) confirmó el pedido de secuestro preexistente por su vinculación con la causa contra Cristina Fernández de Kirchner.
Proceso legal y resolución judicial
Tras la detención del vehículo, la Policía de Santa Cruz se comunicó con el Juzgado Federal N° 10, Secretaría 19, a cargo de la Dra. María Julia Sosa. Posteriormente, la causa fue elevada a la Cámara Criminal Federal N° 5 de Buenos Aires, donde el secretario Dr. Emanuel Hachamanian derivó la información al Juzgado Penal de turno del Dr. Fernando Zanetta. Este último ordenó el secuestro del vehículo, pero no la detención del conductor, quien quedó en libertad tras ser notificado del procedimiento.
Implicaciones y perspectivas futuras
El secuestro de la camioneta representa un nuevo capítulo en la extensa investigación por lavado de dinero que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho refuerza la conexión entre la empresa Austral Agro y la causa judicial, planteando interrogantes sobre el posible uso del vehículo para actividades ilegales. Se espera que el vehículo sea sometido a peritajes para recabar información adicional relevante para la causa.
La investigación continúa en curso, y se aguardan nuevos desarrollos para determinar la responsabilidad de las personas involucradas y el alcance total del presunto lavado de dinero. La complejidad de la trama involucra a diferentes empresas, figuras clave y una red de transacciones financieras que requieren un minucioso análisis legal. Las próximas etapas del proceso judicial serán cruciales para determinar si existen pruebas concluyentes sobre el presunto lavado de dinero y si se vinculan estas operaciones ilícitas directamente con la vicepresidenta.
El caso también resalta la importancia de la colaboración interjurisdiccional y el trabajo conjunto entre la Policía de Santa Cruz y la Justicia Federal para llevar adelante este tipo de investigaciones. La información obtenida a través del Sifcop demuestra la relevancia de las bases de datos compartidas entre las fuerzas de seguridad para la resolución de casos complejos.
Por último, este evento recuerda la constante atención sobre las investigaciones de corrupción en Argentina, y el interés público en saber el curso de las causas judiciales. La transparencia en el proceso y el debido proceso legal son vitales para asegurar la confianza pública en el sistema judicial.
