El Gobierno nacional ha generado una significativa tensión en la negociación del Presupuesto 2025 al recortar en más del 70% los fondos discrecionales destinados a los gobernadores a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta decisión ha desatado un complejo entramado de alianzas y conflictos dentro del Congreso, donde la distribución de recursos se ha convertido en un punto crucial para la aprobación del proyecto.
Un recorte significativo con implicaciones políticas
La disminución de los ATN es dramática: se pasó de $179.530 millones en 2023 bajo la gestión de Alberto Fernández a $48.300 millones en lo que va de este año. Esto representa una reducción de $131.230 millones, un recorte que contrasta con la inflación interanual superior al 193%. La decisión no es solo económica, sino que tiene profundas consecuencias políticas, afectando las relaciones entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias.
El presupuesto total para ATN en 2024 asciende a $224.091 millones, administrados por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. La distribución de estos fondos, lejos de ser equitativa, ha revelado un complejo mapa de alianzas y estrategias políticas.
Beneficiarios y estrategias políticas
Si bien nueve gobernadores aliados al Gobierno Nacional y uno opositor recibieron fondos discrecionales, las asignaciones muestran una notable disparidad. Algunos ejemplos incluyen los $13.000 millones para Hugo Passalacqua (Misiones), justificados por emergencias hídricas y alimentaria; los $6.800 millones a Osvaldo Jaldo (Tucumán) por emergencias hídricas y sociales; y los $4.500 millones destinados tanto a Gustavo Sáenz (Salta) como a Ignacio Torres (Chubut), alegando crisis hídricas y sanitarias.
Otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz, único opositor beneficiario) obtuvieron $3.000 millones cada uno. Sin embargo, mientras que Jalil lo justificó con una emergencia económico-financiera, Vidal basó su solicitud en urgencias climáticas y agropecuarias, una sutil diferencia que revela las diversas estrategias para acceder a los escasos recursos.
El Presupuesto 2025: un campo de batalla político
La distribución de los ATN se ha convertido en un factor decisivo para la negociación del Presupuesto 2025. La Casa Rosada y los gobernadores mantienen un conflicto abierto sobre el proyecto de ley, generado por el recorte realizado. El Ejecutivo, al mismo tiempo, se enfrenta a presiones para liberar los fondos que aún no fueron ejecutados en el presupuesto actual.
El enfrentamiento ha llegado incluso a la postergación de la discusión de proyectos de ley, como el que busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Los gobernadores, conscientes de su poder de negociación, han utilizado la situación para presionar por mayores recursos y así obtener mayor influencia en el proceso presupuestario.
Lealtad, disidencias y la estrategia de los gobernadores
La reacción de los gobernadores ha sido variada. Algunos, principalmente los del peronismo, han mostrado lealtad al Gobierno nacional, colaborando para asegurar la aprobación de medidas clave en el Congreso, a pesar de las dificultades y los recortes económicos. En cambio, otros, particularmente de la oposición, han expresado su enojo por la falta de apoyo y amenazan con bloquear el Presupuesto 2025 si no se atienden sus demandas.
Este comportamiento político diverso refleja la compleja interacción de factores ideológicos, pragmatismo político e intereses personales. Algunos gobernadores priorizan mantener la buena relación con el gobierno nacional, mientras que otros buscan mayor autonomía y recursos para sus propias gestiones.
Las consecuencias del recorte y las perspectivas futuras
El recorte en los fondos discrecionales a los gobernadores genera un escenario con incertidumbre. Por un lado, el Gobierno nacional busca asegurar la aprobación del presupuesto para poder cumplir con sus metas fiscales, pero, al mismo tiempo, debe enfrentarse a la tensión creciente con los gobernadores y la oposición. El riesgo de no alcanzar un acuerdo es evidente, lo cual puede paralizar importantes iniciativas económicas y sociales. De persistir la actual coyuntura, es previsible que se intensifiquen las negociaciones, en un marco donde el poder de veto de los gobernadores jugará un rol crucial.
En este contexto, el análisis de los acuerdos y desacuerdos entre el gobierno nacional y los gobernadores será un tema fundamental para seguir de cerca, considerando no solo las implicaciones presupuestarias, sino también las derivaciones políticas a nivel nacional y regional.
