La violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNyA) en Argentina es un problema grave y alarmante que requiere una acción inmediata y contundente. Este artículo analiza la situación actual, presenta datos que demuestran la urgencia de la problemática, y propone un conjunto de medidas concretas para reforzar la protección de los menores.
Casos que evidencian la problemática
El reciente fallecimiento de Aralí, una niña de 8 años en Córdoba, víctima de abuso y asesinato encubierto por un incendio, es un ejemplo trágico pero representativo de una realidad dolorosa. Este caso no es aislado; la desmantelación de una red de pedofilia que explotaba sexualmente a 70 niños y niñas, articulada desde una cárcel, ilustra la magnitud y complejidad del problema.
Los diarios informan a diario sobre nuevos casos, revelando un panorama de vulnerabilidad e impunidad inaceptable. Las estadísticas regionales muestran que Argentina se encuentra entre los países con peores indicadores de violencia contra menores.
Datos Alarmante de la violencia contra NNyA
Un informe de Bullying Sin Fronteras ubica a Argentina en el tercer lugar entre los países con mayor incidencia de bullying y ciberbullying entre escolares. Simultáneamente, Unicef Argentina destaca que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de 10 a 19 años, y que un factor significativo que contribuye a esta trágica estadística es la violencia.
Estos datos no solo son alarmantes, sino que reflejan una falla sistémica en la protección de los NNyA. A pesar de las garantías constitucionales, las leyes existentes no son suficientes o no se implementan de manera efectiva debido a la falta de recursos y capacidad gubernamental.
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño
En septiembre de 2024, el Comité de los Derechos del Niño emitió observaciones sobre el cumplimiento de la Convención en Argentina, expresando profunda preocupación por la violencia contra NNyA. Se destacaron las limitaciones en el acceso a la justicia, el maltrato infantil y la necesidad de fortalecer las investigaciones y sanciones, especialmente en casos de violencia sexual.
El Comité instó al Estado argentino a mejorar la articulación entre el sector público y privado en la lucha contra la vulneración de derechos, a eliminar la prescripción en los delitos de violencia sexual, y a asegurar que los NNyA reciban el trato adecuado como víctimas, conforme a su estatus de personas con protección especial.
Acciones urgentes para una protección efectiva
Para erradicar la violencia contra NNyA se requiere una acción integral que involucre al Estado, las familias y la sociedad civil. En primer lugar, es fundamental cumplir con las leyes existentes, asegurar un presupuesto adecuado y contar con funcionarios comprometidos con la causa.
En segundo lugar, se necesita una actualización del marco legal a través de una agenda de reformas que aborde puntos clave, como la incorporación del delito de maltrato infantil al Código Penal, el agravamiento de las penas para homicidios y lesiones de NNyA con los mismos estándares que en la violencia de género, y la creación de una comisión investigadora independiente para abordar casos de abuso sistemático.
- Incorporar el delito de maltrato infantil al C�digo Penal.
- Agravar las penas en casos de homicidios y lesiones contra ni�os/as y adolescentes.
- Crear una comisi�n investigadora independiente para investigar casos de abuso sistem�tico.
- Imprescriptibilidad de los delitos contra la violencia sexual contra NNyA.
- Cumplir con la Ley de V�ctimas y adaptarla al paradigma de protecci�n de los derechos del ni�o.
- Prohibir el contacto laboral directo e indirecto con ni�os de condenados o imputados por delitos violentos.
- Actualizar la Ley de Grooming.
- Crear el delito espec�fico de la compraventa de ni�os.
- Protocolos obligatorios de detecci�n y abordaje de la violencia contra NNyA en instituciones p�blicas y privadas.
El rol del Estado y la sociedad
La protección integral de los NNyA es una obligación legal e moral. El Estado argentino debe asumir un rol activo y sostenido en la erradicación de todas las formas de violencia. No se puede tolerar la impunidad, ni la falta de recursos para una protección efectiva. La vida, el desarrollo pleno y la salud mental de los niños y niñas están en juego.
Ningún poder del Estado puede mirar para otro lado. Las demoras en la implementación de medidas efectivas solo consolidan la violación sistemática de derechos humanos. Con un compromiso firme, expresado en acciones concretas, podemos construir un país donde los derechos de la infancia no sean una mera declaración, sino una realidad tangible.
