La detención del sacerdote Patricio Cruz Viale, referente del Movimiento de Schoenstatt en Argentina, ha generado una profunda conmoción. La noticia, que involucra denuncias por abuso sexual y ‘expresiones de cariño exageradas’ hacia menores, ha sacudido a la Iglesia Católica y a la comunidad de Schoenstatt.
La Denuncia Principal
El punto central del caso gira en torno a una denuncia formal por abuso sexual gravemente ultrajante presentada contra Viale. La Comunidad de Padres de Schoenstatt ha confirmado la existencia de esta única denuncia, aclarando que el hecho habría ocurrido a principios de enero de este año y que la comunidad tomó conocimiento del caso en abril, directamente de la denunciante, una mujer mayor de edad. El comunicado enfatiza que se trata de una acusación de abuso, y no de violación, como se había informado erróneamente en algunos medios.
Desde Schoenstatt, se asegura que la denunciante ha sido escuchada en repetidas ocasiones y que las autoridades eclesiásticas la han invitado a iniciar un proceso canónico formal. Sin embargo, allegados a la denunciante afirman que el movimiento no mostró una predisposición inicial para esclarecer los hechos, lo que llevó a la denunciante a recurrir primero al Arzobispado y, posteriormente, a la justicia ordinaria.
Las ‘Expresiones de Cariño Exageradas’
Más allá de la denuncia principal, el comunicado de Schoenstatt reconoce haber recibido información en la segunda mitad del año pasado, proveniente de dos matrimonios allegados a Viale. Estos matrimonios expresaron su preocupación por las ‘expresiones de cariño exageradas’ del sacerdote hacia menores de edad, aunque aclararon que nunca se configuró una situación de abuso. Schoenstatt asegura haber llevado a cabo una investigación exhaustiva, entre personas cercanas al sacerdote, que descarta cualquier delito canónico. Este informe, según la comunidad, fue comunicado a las autoridades eclesiásticas.
La diferencia entre la declaración de Schoenstatt y la percepción de los allegados a la denunciante es notable. Mientras la comunidad presenta una imagen de proactividad en el abordaje de las inquietudes, los allegados a la denunciante describen una falta de interés inicial por parte de Schoenstatt en esclarecer los hechos, cuestionando el proceso interno realizado por la institución.
La Respuesta de Schoenstatt y el Tiempo en México
Para ‘brindar transparencia’ al proceso judicial, Schoenstatt admitió que a principios de este año, Viale fue apartado de sus responsabilidades pastorales como medida prudencial, aunque no se le prohibió celebrar misas u otros sacramentos. Además, se le pidió un tiempo de reflexión vocacional con acompañamiento terapéutico en México. El comunicado indica que esta medida se tomó para que Viale pudiera afrontar una crisis personal.
Esta información añade otra capa de complejidad al caso. Si bien la medida de apartar a Viale de sus funciones pastorales y su envío a México para terapia podría verse como una respuesta responsable, también se presenta como una alternativa al escrutinio público, y podría levantar interrogantes sobre la eficacia del manejo del caso dentro del seno del movimiento. La transparencia prometida por Schoenstatt contrasta con la falta de información sobre la naturaleza exacta de la crisis personal de Viale y la falta de una comunicación proactiva previa a la denuncia formal.
El Proceso Judicial y el Futuro
El comunicado concluye reiterando la plena disposición y colaboración de Viale y de la comunidad de Schoenstatt con ambos procesos, el penal y el canónico. Se expresa la confianza en que la justicia esclarecerá los hechos y permitirá que la verdad salga a la luz. El compromiso de Schoenstatt, según sus propias declaraciones, es actuar con responsabilidad y prudencia, cuidando a su comunidad y garantizando el respeto por la integridad de la denunciante. Sin embargo, la complejidad del caso, con la existencia de denuncias y alegatos contradictorios, deja una interrogante sobre el verdadero alcance de la ‘transparencia’ en la gestión del movimiento.
El caso Viale pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en Argentina y en todo el mundo en el abordaje de los casos de abuso sexual. Las contradicciones en las declaraciones, la falta de una respuesta inmediata por parte de algunas instituciones, y la complejidad de los procesos judiciales, son todos factores que complican la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas.
Este caso sirve para enfatizar la necesidad de protocolos claros y eficaces en el tratamiento de las denuncias de abuso, incluyendo medidas preventivas y protocolos que garanticen la protección de los menores y la escucha efectiva de las víctimas. Es vital que tanto las instituciones eclesiásticas como las autoridades civiles trabajen en conjunto para prevenir futuros casos y dar respuestas ágiles y contundentes.
