La periodista Agustina Sosa radicó una denuncia contra el concejal de Río Segundo, Valentín Espíndola, por violencia de género, psicológica y verbal. El incidente ocurrió durante una sesión del Concejo Deliberante y quedó registrado en video.
Detalles del incidente
Sosa y su pareja, Alexis Chiechi, cubrían la sesión del viernes por la noche cuando Espíndola, visiblemente alterado, los increpó. Según el relato de Sosa, el concejal reaccionó con enojo ante una leve sonrisa de la periodista durante su discurso, acusándola de burlarse. Las agresiones verbales escalaron, con Espíndola exigiendo la expulsión de la prensa del recinto.
A pesar del rechazo del presidente del Concejo, Ricardo Granja, a esta solicitud, las agresiones continuaron fuera del edificio, siendo registradas por la cámara de Chiechi. Sin embargo, la denuncia se centra en una amenaza profirida después de finalizada la grabación: “No me importa ser concejal, te voy a buscar donde sea”, según las declaraciones de Sosa sobre lo expresado por Espíndola a su pareja.
Contexto político y la respuesta institucional
La presencia policial en el lugar se debió a un pedido del asesor legal del Concejo, Blas Albert, para desalojar a la prensa. Dos patrulleros y cuatro motocicletas acudieron al lugar, lo cual agrega más peso a la denuncia de abuso de poder y amedrentamiento.
Sosa no solo denunció a Espíndola, sino que también responsabilizó al intendente Darío Chesta por la legitimación de la violencia, considerando que la actitud del concejal refleja un patrón de comportamiento dentro de la administración municipal. Esto pone en tela de juicio la cultura política imperante en la localidad y la necesidad de abordar estas conductas con mayor firmeza.
Las motivaciones de la denuncia y el temor de la periodista
En sus declaraciones, Sosa explicó que la razón principal de la denuncia no se limita a su caso personal. Le preocupa que si una periodista con amplia experiencia y con cobertura del evento, puede ser víctima de estas amenazas en pleno ejercicio profesional, el escenario es aún más vulnerable para las empleadas municipales, becarias o cualquier otra mujer que dependa del entorno político del concejal o del intendente.
Sosa expresó su temor a las represalias y a la escalada de la violencia. El pedido de restricción de acercamiento en la denuncia refleja su preocupación por su seguridad e integridad física, lo que genera una preocupación adicional sobre el ambiente de trabajo y de seguridad en la localidad.
Violencia contra las mujeres en la política
El caso de Agustina Sosa resalta un preocupante fenómeno: la violencia de género contra las mujeres que participan activamente en el ámbito político. Estos episodios, muchas veces invisibilizados, representan una barrera que dificulta la participación plena de las mujeres en la vida pública y es importante visibilizar para abordar este problema estructural.
Es fundamental investigar este caso a fondo para determinar las responsabilidades y garantizar que se tomen medidas para proteger a las periodistas y a todas las mujeres que trabajan en el ámbito público. La impunidad de estos actos perpetúa un ciclo de violencia que debe ser detenido.
Llamado a la justicia y la reflexión
El caso exige una respuesta contundente de la justicia. Se espera una investigación exhaustiva y un juicio imparcial que determine las responsabilidades y aplique las sanciones correspondientes. Además, es necesario promover acciones que prevengan la violencia contra las mujeres en el ámbito político.
Este caso debería servir como un llamado de atención para todas las instituciones, para fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres que trabajan en la política y para generar conciencia sobre la importancia de una cultura de respeto y equidad en la vida pública. La participación plena de las mujeres en la política es esencial para una democracia sana y representativa.
