El Gobierno de Córdoba anunció una actualización del 189% en el impuesto inmobiliario rural para el año 2025, una medida que ha generado debate entre los productores agropecuarios de la provincia. Esta actualización, según el Ejecutivo provincial, se ajusta a la inflación del índice de precios mayoristas de productos agropecuarios (IPIM) registrado por el INDEC entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.
Actualización vs. Incremento: Detalles de la medida
Es importante destacar que el gobierno cordobés prefiere utilizar el término “actualización” en lugar de “incremento”. La razón esgrimida es que ni la base imponible ni las alícuotas del tributo sufrieron modificaciones. En otras palabras, el aumento se debe exclusivamente al ajuste por inflación.
Sin embargo, la realidad para muchos productores es un incremento considerable en el costo del impuesto. Para aquellos que opten por el pago en efectivo y cumplan con los requisitos para obtener el descuento del 30% por pronto pago y un 5% adicional por buenas prácticas agropecuarias a través del plan provincial, la actualización se reduce al 140%. Pero este beneficio solo aplica a una parte del sector agropecuario.
Impacto en los Productores y Medidas de Alivio
Quienes abonaron el impuesto en cuotas durante 2024 experimentarán un menor impacto, ya que los aumentos se fueron aplicando gradualmente a lo largo del año. De hecho, el 70% de los contribuyentes optaron por el pago de contado durante 2024. Este dato es relevante para comprender el impacto diferencial que la medida tendrá según el método de pago.
Para amortiguar el impacto en los productores, se han implementado varias medidas de alivio. Se elimina el Impuesto a los Ingresos Brutos a la mera compra de productos primarios, un gravamen que había generado incertidumbre en el sector. Si bien este impuesto no se aplicó en 2024, su posible implementación generó preocupación entre los productores cordobeses.
Destino de los Fondos Recaudados: Inversión en el Sector Agropecuario
El 98% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), tal como se establece en el presupuesto 2025. Este fondo es esencial para financiar obras de infraestructura, proyectos y programas dirigidos al sector agropecuario.
La evolución del FDA es notable: comenzó en 2019 con $4.000 millones y en 2024 alcanzó $74.883 millones, mostrando un crecimiento sustancial. Para 2025, el presupuesto asignado es de $251.3 millones, aunque aún sujeto a actualizaciones y posibles incrementos durante el año.
Medidas Adicionales y Transparencia en la Gestión
El Ministerio de Economía y Gestión Pública, bajo la dirección de Guillermo Acosta, mantuvo las valuaciones del año 2020, utilizando el coeficiente de equidad tributaria para el cálculo del impuesto. Esta decisión de conservar las valuaciones busca evitar distorsiones en la progresividad del tributo.
Asimismo, se mantuvo la segmentación según la cantidad de hectáreas y valuación, garantizando una mayor progresividad en el impuesto. También se impusieron topes al incremento del impuesto para evitar que superara la variación del índice de precios mayoristas. Finalmente, se introduce la eximición del impuesto para establecimientos ubicados en zonas rojas, donde la producción agropecuaria está prohibida, en el marco del ordenamiento territorial del bosque nativo.
Análisis del Impuesto: Un Estudio de Coninagro
Un análisis realizado por Coninagro Córdoba, a cargo de las economistas Sofía Devalle y Franco Godino (docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC), destaca que el impuesto inmobiliario rural que efectivamente pagan los productores ha caído en términos reales desde 2019. Esto se debe principalmente a los topes máximos de aumento establecidos en la normativa.
El estudio subraya que el impuesto inmobiliario es un tributo relativamente pequeño en la recaudación provincial y que ha perdido participación en la recaudación total desde 2022. Desde 2017, Córdoba implementó un proceso de revaluación de parcelas rurales utilizando imágenes satelitales y datos georreferenciados, un hecho que refleja el enfoque actual para la actualización del impuesto.
Seguridad Rural: Fortalecimiento de Patrullas Rurales
Se incorpora una tasa del 3% en el cedulón destinada al financiamiento de Patrullas Rurales, una medida bien recibida por el sector, particularmente por CONINAGRO. Este incremento refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad rural, un aspecto fundamental para los productores de la región.
Vanesa Padulles, titular del Consejo Asesor Regional de Coninagro Córdoba, destaca la importancia de la iniciativa, enfatizando la necesidad de tener un servicio de seguridad eficiente y que cubra todo el territorio para la tranquilidad de todos los productores. Ella también hace un llamado de atención sobre la necesidad de que el gobierno asegure un servicio eficiente para que el aumento en la tasa destinado a seguridad sea justificable
Un Balance Complejo
La actualización del impuesto inmobiliario rural en Córdoba es una medida compleja con diferentes implicaciones. Si bien la actualización del 189% puede parecer considerable, varios factores lo contextualizan. Los descuentos, los pagos en cuotas, la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos en compras y la fuerte inyección de recursos al FDA para inversiones en el sector ofrecen un panorama matizado que debe ser analizado en su conjunto.
La incorporación de recursos destinados a la seguridad rural también resalta la necesidad de priorizar la protección de los productores y sus bienes. Esta medida puede brindar mayor tranquilidad al sector agropecuario y fortalecer el trabajo en conjunto entre el gobierno y los productores cordobeses.
